25/10/2024 (Ciudad de México). Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara el primer proyecto de presupuesto para 2025 por no ajustarse a la Ley de Austeridad Republicana, este jueves fue aprobada una segunda propuesta llena de polémica.
Presentado también por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el presupuesto aprobado incluye una reducción de salarios para los ministros y altos funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, las ministras Lenia Batres, Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel han señalado que esta medida no es más que una fachada y han acusado a la Corte de no implementar verdaderas medidas de austeridad al conservar una serie de privilegios en las prestaciones y con el uso de los polémicos fideicomisos.
La propuesta de Norma Piña
El presupuesto aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa una disminución del 1.4% en términos reales respecto al presupuesto autorizado para el año 2024. Según afirmó Norma Piña, esta reducción se ha logrado mediante un “riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación”.
En el presupuesto se incluye una disminución en las remuneraciones de los ministros y otros altos funcionarios, en cumplimiento con el artículo séptimo transitorio de la reforma judicial y al Artículo 127 de la Constitución. Con este ajuste, las remuneraciones anuales de los ministros se reducirán de 5.5 a 2.8 millones de pesos, lo que representa un recorte del 48%.
Los vicios ocultos
A pesar de la aprobación del presupuesto, las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel han expresado su desacuerdo y han señalado que la reducción salarial no es una verdadera medida de austeridad. En sus redes sociales, Batres afirmó que “se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras” al ser considerada ésta la suma de prestaciones y no únicamente el sueldo bruto a percibir de manera mensual. Además, Batres señaló que no se transparentan los conceptos que la integran la totalidad de dicha remuneración y salvo el “pago por riesgos”, se conservan prestaciones “expresamente prohibidas por la Ley”.
Entre los conceptos que la ministra Batres expuso se observa cómo se destinan más recursos a conceptos como las “asesorías para la implementación de programas”, que pasó de 65 mil pesos, a un millón 65 mil, un incremento del 1538%. Otro concepto, ajenos a las funciones inherentes a la Suprema Corte”, dedicado a que los ministros puedan realizar actividades culturales y deportivas, aumentó en un 951%, pasando de poco más de medio millón de pesos a casi cinco millones y medio; concepto “. Batres señaló que este apoyo no existe para la mayoría de los trabajadores del México.
Estos incrementos se suman a prestaciones exclusivas como “materiales de limpieza” con casi seis millones de pesos, computadoras y celulares por casi 18 millones de pesos o casi siete millones y medio de pesos para “otros servicios relacionados con obras públicas”.
Con la suma de todos estos conceptos individualizados a cada ministro, Batres señaló que si bien la diferencia entre la remuneración de la titular del Ejecutivo con los ministros del Poder Judicial ha disminuido, ésta sigue siendo inconstitucional, pues “la remuneración de ministros y ministras para 2025 será de 5 millones 325 mil 949 pesos, 49% más que las remuneraciones de la persona titular del Ejecutivo Federal”.
