Aguascalientes se convierte en el estado 12 en despenalizar el aborto en México

08/31/23 (Ciudad de México). Este miércoles 30 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de tres artículos del Código Penal estatal de Aguascalientes que establecían sanciones para mujeres que decidían interrumpir su embarazo, incluso cuando se trataba del producto de una violación.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la Suprema Sala consideró que “las disposiciones que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”.

La resolución responde al amparo interpuesto a principios de 2022 por las organizaciones Morras Help Morras, Cultivando Género AC, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Asociación Terán Fuentes (Terfu) y la Asociación Civil Cecadec, en contra de los artículo 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes por criminalizar el acceso al aborto y que establecían sanciones que iban desde los seis meses hasta los cinco años de prisión para quien interrumpiera su gestación, sin importar que fuera en la primera etapa (del 1er. al 3er. mes) y una suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio de 2 a 5 años de quien realizara éste servicio. Ahora el Congreso de Aguascalientes deberá derogar dichos artículos antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se notifique la sentencia.

De esta manera Aguascalientes se suma a la Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Baja California (2021), Coahuila (2021), Veracruz (2021), Colima (2021), Hidalgo (2021), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Sinaloa (2022) y Quintana Roo (2022).

Integrantes de la Organización Cultivando Género AC aseguraron que “esto resultado de más de 35 años de lucha, de trabajo, de insistencia, de organización, de terquedad de muchísimas mujeres”.

Este hecho fue celebrado por la Marea Verde, ya que además de garantizar un derecho, se beneficia a sectores en contextos de vulnerabilidad social y económica. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), lo calificó como “un gran paso hacia la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.