19/12/2023 (Ciudad de México). En la política económica, que también puede definirse como la gestión pública de la economía nacional, los subsidios a los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) son definidos como toda acción gubernamental que: 1) Reduzca el costo de producción de energía a partir de combustibles fósiles, 2) Aumente el precio recibido por los productores de esa energía, o 3) Reduzca el precio pagado por los consumidores de esa energía.
De estas tres la que más se ha aplicado en América Latina es el subsidio al consumo, que se implementó con renovado impulso al inició del siglo veintiuno, como una forma de transferir a la población una parte de la renta petrolera o gasífera en algunos países exportadores netos (Venezuela que la había fijado en 1945, Ecuador, Trinidad y Tobago). El caso de Bolivia es digno de estudio, pues en 2004 el último gobierno neoliberal fijó una subvención al precio de consumo de gasolina y diessel, pero sin que Bolivia sea productor neto de ambos, pues es un país gasífero. El resultado es que el gobierno tiene que importar (comprar en el extranjero) los carburantes a precios internacionales cada vez más onerosos, para luego venderlos en el país a precio subvencionado. El gobierno de Evo Morales intentó a fines del 2010 corregir este problema, pero su intento de cortar súbitamente la subvención originó grandes protestas sociales y la tuvo que revocar.
Los subsidios también pueden darse como una forma de que los países se defiendan del incremento mundial del precio del petróleo. Así ocurrió el año 2007, que llevó a países como Colombia, Perú y Chile a fijar el apoyo estatal. El estallido de la guerra en Ucrania, que elevó los precios mundiales del crudo, hizo que México también fijara un sistema de subvención.
El gobierno de Gustavo Petro acaba de marcar una senda por la que pueden transitar varios países latinoamericanos. Concluyó la anterior semana el proceso de incrementos paulatinos al precio en el mercado interno de la gasolina, logrando de esa forma –gradualista es cierto, pero en este caso el gradualismo económico es lo más aconsejable- igualarlo con el precio internacional.
El gobierno de izquierda colombiano ya ha anunciado que no será necesario otorgar más subsidios a este carburante, lo que se hacía a través de un complejo sistema fiscal que desde el año 2007 controlaba el “Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles” (FEPC).
De esta forma, Petro logra liberar recursos que informó alcanzaron este año una cifra de 40.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a más de 10.000 millones de dólares. Esto permitirá al Estado aliviar su balance fiscal y disponer de más recursos para otros programas sociales, destinados a la niñez y a la tercera edad.
Queda todavía vigente en Colombia el subsidio al diessel, que es el que más se consume en el transporte público y se refleja por tanto en las tarifas que paga la población, lo que le da un sentido social al beneficio. Pero es un subsidio que también beneficia de manera injusta a sectores industriales y a grandes capitalistas que pagan precios del diessel muy bajos cuando tienen la capacidad de pagar precios reales de mercado. Por esta razón el Ministerio de Hacienda está sometiendo a consulta pública un proyecto de decreto que establece que las empresas que consuman más de 20.000 galones al mes deberán pagar el precio ajustado a la paridad internacional, al mismo tiempo que se preserva el beneficio social para los grandes segmentos sociales que no utilizan tanta cantidad.
El gobierno de Petro está actuando de manera coherente entre lo que dice (“tenemos que abandonar los combustibles fósiles que están matando al planeta”, afirmó en Dubai en la Cumbre del Clima) y lo que hace (anular los subsidios que incentivan el uso de esos combustibles fósiles, agravando el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero que son los que calientan el mundo).
Es una forma de terminar con una irracionalidad económica: hay países que destinan grandes cantidades de dinero a subvencionar los combustibles fósiles, y que luego tienen que también destinar grandes cantidades de recursos económicos para aliviar los efectos de desastres ambientales (tormentas, inundaciones, incendios).
