26/12/2023 (Ciudad de México). Una de las grandes propuestas de transformación del poder judicial en México fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con estas palabras: “Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, gobernadoras, gobernadores, a los diputados locales, federales, a los senadores, al Presidente… así hay que elegir a jueces magistrados y ministros… Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo”.
Desde que se escuchó, los partidos de la oposición conservadora efectúan una campaña tratando de invalidar la propuesta de elección por voto de los y las jueces federales, afirmando sin pruebas que tales comicios llevarán al colapso del sistema judicial mexicano. Al respecto es importante tomar nota de la experiencia de Bolivia, donde la elección por voto popular del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, fue uno de los cambios más importantes efectuados por la Asamblea Constituyente en la Constitución Política del Estado del 2009. Se trató de un avance constitucional que supone una profundización democrática, poniendo a Bolivia a la vanguardia en el mundo. En este país sudamericano cada seis años se realizan las elecciones judiciales y las dos efectuadas (el 2011 y el 2017) no gestaron ninguna crisis de su sistema de justicia, que siguió funcionando bajo el nuevo marco normativo. Pero tampoco significaron esas elecciones una especie de panacea que resuelva todos los problemas judiciales estructurales.
Como se dijo hubo elecciones judiciales el 2011 y el 2017, y debía efectuarse una tercera en octubre de 2023, pero no se realizó… ¿Por qué? Porque el procedimiento de convocatoria y habilitación de las y los candidatos a esas elecciones está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso), por dos tercios de votos. Ninguna de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria tiene, por sí misma, esa mayoría calificada: el “Movimiento al Socialismo” (MAS) es la primera fuerza, pero le faltan algunos votos para los dos tercios (además, su bancada se ha dividido a partes iguales entre seguidores de Evo Morales y afines a Luis Arce), “Comunidad Ciudadana” es la derecha moderada y tiene la segunda bancada, “Creemos” es la ultraderecha y tiene la tercera bancada.
Una ley de convocatoria aprobada hace meses, fue impugnada por congresistas del MAS del ala de Luis Arce. Al ser anulada aquella convocatoria por el Tribunal Constitucional, se generó un conflicto de poderes entre el legislativo y el judicial llevando a una riesgosa brecha en la legalidad de los mandatos de las autoridades judiciales. En efecto, como seguía el retraso se fueron cumpliendo los plazos constitucionales, y los actuales magistrados concluirán su período legal de seis años el 2 de enero de 2024, y no se han elegido por voto a los nuevos magistrados. El vacío jurídico intento ser subsanado por el Tribunal Constitucional, que resolvió ampliar sus propios mandatos y los de los demás jueces supremos, extremo rechazado por el Congreso que les amenazó con iniciarles un juicio de responsabilidades.
La postergación aún sin fecha de las elecciones judiciales significa una conculcación del derecho del pueblo a elegir con su voto a las máximas autoridades del poder judicial. Sin duda que hay la intención de revocar de facto ese derecho popular de elección, tal como ya han manifestado sectores conservadores como las “Asociaciones de Abogados”, la “Asociación de ex magistrados”, y hasta autoridades como el actual Ministro de Justicia Iván Lima, que expresó críticas contra de la elección por voto popular de magistrados, afirmando que “fue un error de la Asamblea Constituyente”.
Contrarios a estas posturas regresivas, el “Comité Impulsor de Justicia” que promueve los enjuiciamientos a los golpistas del año 2019, las “Asociaciones de víctimas de retardación de Justicia” y varias organizaciones campesinas y de trabajadores urbanos como la Central Obrera Boliviana (COB) exigen la realización de las elecciones judiciales.
