En medio de la investigación para esclarecer los hechos sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta semana 8 militares fueron aprehendidos nuevamente y se encuentran recluidos en el Campo Militar número uno. Sin embargo, en esta ocasión su detención no se relaciona directamente con el caso, sino que se debe a una supuesta colusión con el crimen organizado.
02/02/2024 (Ciudad de México). Conforme lo había anunciado la semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó nuevas órdenes de aprehensión para ocho militares relacionados con el Caso Ayotzinapa, obteniendo ayer la autorización para que nuevamente sean detenidos.
Junto a la causa penal a la que se enfrentan, relativa a su omisión de acción durante la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, esta nueva aprehensión se debe a la imputación penal por el delito de delincuencia organizada en colusión con el cártel Guerreros Unidos de acuerdo a un testigo protegido de la FGR.
Inicialmente, la orden de aprehensión fue ejecutada contra tres de los ocho militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuando estos elementos acudieron a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares del Penal de Máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, conforme lo había establecido el reciente cambio de medida cautelar.
Por su parte, los cinco elementos restantes acudieron voluntariamente al Ministerio Público para que el juez lo consignara. De acuerdo a la defensa jurídica de los ocho militares, esto se debe a la certeza de su inocencia.
Este grupo militar se encontraba detenido desde Junio del 2023 dentro de las instalaciones del Campo Militar número Uno en la Ciudad de México, pero una jueza de distrito autorizó el cambio de medida el sábado 20 de Enero pasado, por lo que habían quedado en libertad para enfrentar el proceso penal en su contra. Actualmente, estos ocho elementos se encuentran nuevamente recluidos en el campo militar.
La actuación del poder judicial en el caso
El proceso penal bajo el que se encuentran los ocho militares ha tenido varias etapas. En ellas se destaca la actuación del Poder Judicial y la de la FGR.
De acuerdo a la defensa jurídica de los militares, la orden de aprehensión ahora ejecutada ya había sido solicitada por la FGR en Junio del año pasado, pero en ese momento fue negada por la jueza de distrito Raquel Duarte Cedillo bajo el argumento de no haberse presentado pruebas que demostraran la probable relación del cuerpo castrense con miembros del crimen organizado.
En ese momento, la jueza únicamente concedió la orden de aprehensión por el proceso penal que implica la omisión de acción de los militares durante la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, esta orden tuvo un revés al ser esta misma jueza quien los dejó en libertad meses más tarde.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura declaró que la FGR no impugnó en su momento el cambio de medida cautelar que permitió la libertad de este grupo militar, por lo que, tras el paso de este proceso por un Tribunal Colegiado, la misma jueza, Raquel Duarte, les concedió la libertad.
Ante esta acción de la juzgadora, la FGR buscó revivir la orden de aprehensión solicitada meses atrás, esta vez con éxito, pero sin que ésta esté relacionada directamente con los hechos acontecidos el 26 de Septiembre de 2014, por lo que se destaca que no está encaminada a esclarecer los hechos, sino a garantizar el resguardo de los ocho militares señalados.
