15/02/2024 (Ciudad de México). Como el día y la noche. En determinadas coyunturas políticas así se acentúan en América Latina las diferencias entre gobiernos surgidos del protagonismo popular y gobiernos que reproducen el dominio de la oligarquía. Eso es lo que se puede concluir al informarnos de las acciones gubernamentales que inciden (positiva o negativamente) sobre derechos democráticos en Guatemala y en Paraguay.
En el país centroamericano, el presidente Bernardo Arévalo logró el triunfo electoral en la decisiva segunda vuelta y pudo asumir el gobierno guatemalteco, gracias al respaldo de sectores sociales urbanos y rurales hastiados de la corrupción de los partidos tradicionales. Particularmente decisiva fue la movilización de comunidades campesinas y pueblos originarios, que por seis meses exigieron el respeto a la soberanía popular y el fin de las persecuciones políticas con barniz judicial.
Ahora, el mandatario Arévalo, en una de las acciones más importantes de su todavía corta gestión, acaba de anunciar que abrirá a la participación social y transparentará el proceso de elección de Gobernadores para los 22 departamentos en que está dividido administrativamente el país. Los Gobernadores son un enlace entre el Gobierno Nacional y las municipalidades, y todavía en Guatemala no se los elige en las urnas, en elecciones regionales, como ya ocurre en casi todos los países de la región.
La práctica tradicional era que el presidente, en base a negociaciones políticas y ejerciendo el mandato de forma vertical, designaba a los Gobernadores. Pero el nuevo gobierno hizo una reforma democrática de la “Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”, que permitirá a representantes de la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas y originarios, postularse para ser nombrados por el Gobierno en tales cargos. Es un avance democrático.
Yendo hacia el sur, en Paraguay, hay un proceso político absolutamente distinto. En agosto de 2023 asumió la presidencia Santiago Peña, que representa el ala más derechista del “Partido Colorado”, el nombre con que se conoce a la “Asociación Nacional Republicana” (ANR), una organización política de ideología nacionalista y anticomunista. El Partido Colorado es el partido hegemónico en Paraguay, una especie de Partido/Estado que se fundó en 1946 y terminó convertido en estructura cívica de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 – 1989). Desde entonces ha gobernado casi de manera ininterrumpida Paraguay, con la sola excepción del gobierno del ex sacerdote progresista Fernando Lugo entre 2008 y 2012, y el liberal Federico Franco el 2013.
Este miércoles, reunido de urgencia en sesión extraordinaria que sólo tomó un día, la Cámara de Senadores con una mayoría simple de 23 senadores del Partido Colorado aprobó una moción para quitar la investidura y expulsar a la senadora Kattya Gonzáles, a la que acusaron sin permitir su defensa de cometer actos administrativos irregulares. Gonzáles es una abogada feminista, de la organización “Partido del Encuentro Nacional”, que es reconocida por denunciar casos de corrupción en el gobierno y que fue una de las que mayor votación popular obtuvo para ingresar al Senado (logró 100.000 votos). Este irregular proceso de persecución y sanción políticas requería, para guardar las formas, al menos de dos tercios (vale decir 30 de 45 senadores) para tomar la decisión, pero el oficialismo igual se impuso pese a las protestas sociales en defensa de la senadora de oposición.
De esta manera en Paraguay se va consolidando un régimen autoritario que no permitirá el surgimiento de liderazgos alternativos con raigambre popular. Un régimen de democracia controlada, en el que la democracia es un estado de excepción dentro de un sistema de gobierno en el que el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial lo tiene el Partido Colorado.
