03/10/2024 (Ciudad de México). En medio de intrincadas negociaciones políticas en el Congreso unicameral, y sorteando recursos judiciales presentados para retrasar la elección, se desarrolla la renovación de magistrados de las Cortes de Justicia de Guatemala. El proceso, que consta de las fases de postulación, depuración y elección, arrancó en el mes de mayo, en un contexto de constante desconfianza ciudadana hacia la instancia política que se ocupa de gestionar esta elección: la Cámara de Diputados nacionales.
El legislativo es una de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía. Y lo es más ahora que ni siquiera refleja la voluntad popular legítima. Recordemos que, por los resultados electorales de la primera vuelta presidencial realizada en junio de 2023, cuando el actual presidente Bernardo Arévalo obtuvo el 15% de los votos, pero le alcanzó para pasar a la segunda vuelta que se realizó en agosto, ocasión en que cuadruplicó su votación llegando al 60% de respaldo y así alcanzar la presidencia. Sin embargo, para fines de asignación de curules parlamentarios, sólo se contabiliza la primera vuelta, por lo que la plataforma de lucha anticorrupción (el frente SEMILLA) que postuló a Arévalo, apenas pudo obtener 23 diputados de los 160 que tiene la Cámara.
Así se explica que, aunque hayan perdido en el balotaje la presidencia nacional, sigan siendo los partidos tradicionales de la derecha guatemalteca (los frentes VAMOS y UNE) que mantengan la mayor cantidad de diputaciones. Por tanto, será también la política cupular derechista la que seguirá controlando la composición del Poder Judicial en Guatemala.
Este vínculo nada virtuoso entre el poder político, que supone también poder económico, con la administración de justicia, acaba de ser disuelto en México con la Reforma Judicial. Se trata de un trascendental cambio, que ya es parte de la Constitución, y que instaura la elección popular por voto de los jueces y magistrados. Así se democratiza el poder estatal más hermético a la participación popular.
A propósito de esta percepción negativa de la presencia del pueblo en los poderes públicos, nunca hay que olvidar que uno de los teóricos más venerados por el liberalismo burgués -Montesquieu- llegó a afirmar en su obra “El espíritu de las Leyes” que: “Había un gran vicio en la mayoría de las antiguas repúblicas: el pueblo tenía el derecho de tomar resoluciones activas y que demandaban alguna ejecución, cosa que era enteramente incapaz de hacer. El pueblo no debe entrar en el gobierno más que para escoger a sus representantes, lo cual sí está a su alcance”.
Volviendo a Guatemala, son estos “representantes del pueblo” (diputados) que están demostrando, una vez más, cuán desgastado está el procedimiento convencional de renovación de las máximas instancias judiciales. Ante los retrasos en el cronograma de elección, la Corte Constitucional ratificó la anterior semana que las nuevas autoridades judiciales deben posesionarse hasta el 13 de octubre. La Cámara de Diputados tiene ya muy poco tiempo para concluir una elección, que debe ser por mayoría absoluta de sus miembros, de la nueva Corte Constitucional, de la nueva Corte Suprema de Justicia y de las nuevas Cortes de Apelaciones.
Por su parte, representantes de organizaciones indígenas y populares guatemaltecas, realizan vigilias a las puertas del Congreso, exigiendo que no se elija ni ratifique a jueces y fiscales acusados de corrupción, ni a quienes estuvieron vinculados a la manipulación judicial.
Como si se trataran de dos lados de la moneda, lo que pasa en Guatemala y lo que sucedió en México, plantean la disyuntiva: elección popular o elección cupular de magistrados.
