Desde que inició la administración del presidente López Obrador se han interpuesto 28 quejas contra grandes contribuyentes que suman 112 mil 841 millones de pesos.
18/10/2023 (Ciudad de México). En comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que a lo largo del actual gobierno se interpusieron 28 asuntos por delitos fiscales en contra de grandes contribuyentes que evadieron y no han pagado 112 mil 841 millones de pesos.
“Aspiramos a que se dicten sentencias justas, imparciales sin retraso o administración selectiva de la justicia. No queremos cuellos blancos con manos sucias”. aseveró Medina Padilla.
El servidor público aclaró que de las 28 quejas registradas desde 2018, 22 llegaron a la judicialización, comparado con los 14 asuntos que llegaron a tribunales federales de un total de 94 delitos fiscales reportados contra grandes empresas en los 10 años previos al actual gobierno.
Mientras, las denuncias penales sobre defraudación fiscal fueron 333, por un monto de 45 mil 684 millones de pesos.
Por el lado de los procesos judiciales, la procuraduría siguió mil 439 ante el Poder Judicial de la Federación. Del total de procesos, la fiscalía condujo 75 juicios, de los cuales obtuvieron 53 sentencias condenatorias con una reparación del daño por un monto de mil 858 millones de pesos. Es decir, el 86% de efectividad, según Medina Padilla.
Ante tales hechos el titular de la Procuraduría Fiscal señaló que “hay pendientes muy importantes, ya que en múltiples ocasiones, después de meses o años de tocar la puerta de los jueces federales esta puerta apenas se entreabre. Estoy hablando la puerta del proceso penal, y es cuando se logra judicializar algunos casos, pese a que la afectación es evidente y los hechos y elementos probatorio también lo son”.
El procurador fiscal añadió que son una decena de casos, de un total de 40,924 juicios federales que lleva la Procuraduría Fiscal de la Federación, los cuales suman un monto de 64 mil millones de pesos. Sin embargo, no han ingresado a la hacienda pública debido a impugnaciones ante tribunales federales.
