15/08/2024 (Ciudad de México). El caso de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en 2019, ha dado una serie de giros en medio de la búsqueda de justicia y reparación. El pasado 14 de Agosto, el juez José Gabriel Ramírez Montaño, del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, ordenó la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, exonerándolo del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Esta decisión provocó una inmediata reacción de indignación por parte de la sociedad y de la propia María Elena Ríos, quien expresó su descontento a través su cuenta de twitter (ahora X), calificando la resolución como un acto de corrupción.
La liberación del agresor desató una ola de protestas y manifestaciones en Oaxaca y en otras partes del país. Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y ciudadanos en general se unieron para exigir justicia y denunciar la impunidad. La presión social fue tan intensa que la jueza María Antonia Esteva Domínguez, del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, emitió una resolución para dejar sin efecto la emitida por el José Ramírez.
Tanto la liberación como posterior cancelación no sólo incluye a Vera Carrizal, ex diputado local, sino también a Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, quienes participaron en la agresión como autores materiales.
El ataque y sus consecuencias
El 9 de Septiembre de 2019, María Elena Ríos sufrió un brutal ataque con ácido en su domicilio en Huajuapan de León, Oaxaca. Según las investigaciones, el ataque fue orquestado por su ex pareja, Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente pagó a dos hombres para llevarlo a cabo. Las graves quemaduras que sufrió María Elena le causaron la pérdida de un ojo y la necesidad de múltiples injertos de piel, marcando su vida de manera irreversible.
Desde el ataque, María Elena ha luchado incansablemente por obtener justicia. En 2020, el agresor fue detenido y puesto en prisión domiciliaria, mientras que los autores materiales fueron capturados en 2019. Sin embargo, el proceso judicial ha estado plagado de controversias y retrasos, lo que ha generado frustración y desconfianza en el sistema judicial.
Actualmente, en la Ciudad de México ya se ha aprobado la “Ley Malena”, cuyo nombre rinde honor a María Elena Ríos, ley que tipifica y sanciona la violencia ácida, es decir, todo ataque que haga uso de cualquier tipo de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, líquidas, inflamables, o cualquiera que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, en un acto dirigido a infligir daño no accidental.
Sin embargo, en el resto del país sólo 10 entidades de las 32 han legislado para que la violencia ácida o química sea castigada y tipificada como intento de feminicidio.
La liberación de su agresor y la posterior ola de indignación subrayan la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial para proteger a las víctimas y garantizar que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus actos.
Por la actuación del juez que ordenó la liberación, el Tribunal de Oaxaca informó que se iniciara una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales “por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas”.
