20/07/2023 (Ciudad de México). Diversas organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular participaron el día de ayer frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México, para manifestar su apoyo al pueblo peruano, en el marco de la Tercera Toma de Lima, que comenzó este 19 de julio, como parte de la solidaridad internacional.
Los y las manifestantes exigieron la libertad y restitución de Pedro Castillo, además de pedir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y del Congreso.
La Tercera Toma de Lima es llevada a cabo, principalmente, por los pueblos indígenas y organizaciones sociales en diversas partes de la capital andina y el país.
Al respecto, desde el centro histórico de Ciudad de México, los manifestantes expresaron su solidaridad y denunciaron que la situación de Perú es tensa dadas las violaciones a los derechos humanos que se registran. Entre ellas, el derecho a la insurrección y la protesta, recordaron.
Genoveva Verónica Peralta, abogada e integrante del Movimiento Nacional por la Esperanza México, explicó a DeRaízMedia que entre las diferentes peticiones, la prioridad, es que el Congreso actual dimita y haya una nueva Constitución.
Con respecto a la demanda sobre la renuncia de la presidenta Boluarte, Verónica dijo que antes la mandataria tiene que enfrentar la justicia dadas las violaciones graves a los derechos humanos sobre el pueblo peruano.
En ese mismo tenor, Jose Antonio Coronda, cofundador del Tribunal Ético y de Conciencia de los Pueblos, contó que en marzo estuvo como parte de esa instancia durante quince días en Perú, para realizar un diagnóstico que derivó en un informe preliminar sobre derechos humanos.
Entre los hallazgos de dicho informe sobresale la represión a la manifestación, abuso de autoridad y uso exacerbado de la fuerza. Además de documentar el uso de perdigones sobre personas que no participan en las protestas y asesinatos de manifestantes por parte de elementos del ejército y de la policía.
Estos hallazgos también se respaldan en las pruebas registradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita de observación, en mayo de este año, al país andino. Al respecto, el informe señala:
“La respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.”
Los manifestantes recordaron al presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva en Perú, por lo que pidieron su libertad inmediata y su regreso como presidente legítimo.
Esta acción global también se hizo en otros países como Argentina, Bolivia, España, Francia y en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Washington.
La Tercera Toma de Lima es una convocatoria internacional para protestar contra el régimen de Dina Boluarte, en medio de tensiones sociales, que responden al descontento por la instauración de un gobierno ilegítimo. En Perú, de acuerdo con fuentes internacionales, se estimó que al menos 13 mil personas acudieron a manifestarse a Lima. De acuerdo con sondeos locales prevalece el rechazo en 80 % en contra del régimen y del Congreso.
La Primera Toma de Lima fue realizada el 10 de noviembre del año pasado, convocada por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), en apoyo al presidente Pedro Castillo ante las denuncias de corrupción en su contra. En esta primera toma se exigió además el cierre del congreso, ante el bloqueo a a los proyectos emprendidos por el ejecutivo, y una nueva constitución en reemplazo a la constitución de 1993.
La Segunda Toma fue en enero de 2023, que culminó con la entrada de la policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bastión de la organización social.
El 7 de diciembre del año pasado, Pedro Castillo, presidente elegido a través del voto popular, fue detenido y destituido acusado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
