Se concluye el proceso legislativo para garantizar derechos a cadetes de la Guardia Nacional provenientes de la SEDENA y la SEMAR
06/03/2024 (Ciudad de México). Este martes 5 de marzo la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de reforma constitucional sobre el proyecto que garantiza a los cadetes de la Guardia Nacional (GN) que provengan del Ejército o la Marina que mantendrán los derechos y prestaciones de su institución de origen. Lo que se busca es evitar una “desbandada”, luego de que fueran los propios miembros de la Guardia Nacional quienes solicitaran una resolución legislativa para aclarar la condición legal de sus prestaciones laborales una vez que la corporación pasara por completo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Guardia Nacional es la corporación encargada de las labores federales de seguridad pública. Ante el diagnóstico de una delincuencia organizada con grandes capacidades armadas y unas corporaciones civiles de seguridad corruptas, la Guardia Nacional se propuso como una corporación híbrida que combinara la disciplina y el poder armado de las Fuerzas Armadas, con las funciones relacionadas con la seguridad pública, lo que implica respetar los derechos humanos y tener capacidades de investigación.
De esta manera, en la reforma que la creó, el mando y la organización de la Guardia Nacional se definió temporalmente como uno compartido entre la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la primera encargada de la administración y la infraestructura, mientras que la segunda de definir la disciplina y jerarquía. El periodo que se estableció para esta organización dual fue hasta el primero de enero de 2024, momento en el cual la estructura, el personal y el mando de la corporación debían pasar por completo a la SSPC, garantizando así su carácter civil
Sin embargo, en septiembre de 2022, el presidente emitió un decreto mediante el cual ordenaba el traslado total de la Guardia Nacional a la SEDENA, bajo el argumento de la posibilidad de que la corporación se corrompiera bajo una institución civil y de los problemas laborales surgidos a raíz de que la SSPC se encarga de las labores administrativas de la corporación.
Al respecto, desde que se definió que la administración de la GN estaría bajo el control de la SSPC, se generó incertidumbre laboral entre los cadetes que provenían del Ejército o la Marina, pues no se respetaban sus condiciones previas. Así, el decreto presidencial buscaba resolver que los soldados o marines que prestaban su servicio a la GN no perdieran sus derechos laborales.
No obstante, en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto presidencial, por lo que la ley que la originó volvió a ser la vigente y trasladar el mando y la estructura de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se hizo obligatorio de nuevo. Debido a ello, elementos de la GN volvieron a expresar su preocupación por la condición legal de sus prestaciones y, en diciembre de 2023, un grupo de senadores promovió un proyecto para garantizar expresamente la antigüedad y derechos que los cadetes tenían en su fuerza armada de origen.
El proyecto se aprobó por el Senado, quedando pendiente la ratificación por los Congresos estatales. Finalmente, este 5 de enero se confirmaron 19 votos aprobatorios de las legislaturas estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.
Luego de ello, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma constitucional, con lo que se garantizan formalmente los derechos, prestaciones, pertenencia, rango, servicio y antigüedad del personal de las policías militar y naval asignados a la Guardia Nacional. Con ello, no sólo se respetarán las condiciones laborales de los cadetes, sino que el tiempo que presten su servicio a la GN será contado para su jubilación y antigüedad al regresar al Ejército o la Marina.
