Un grave brote de inseguridad ciudadana se presenta en la capital Santiago de Chile, que en los últimos días fue conmocionada por varios hechos criminales con uso de armas de fuego, que dejaron 19 personas asesinadas y 10 heridos de gravedad.
La oposición derechista en el Congreso ha demandado la inmediata destitución de Carolina Tohá, quien es ministra del Interior y Seguridad Pública y, en los momentos en que el presidente Gabriel Boric no está en el país, funge como vicepresidenta de la República. Tohá es dirigente del Partido por la Democracia (PPD), se formó ideológicamente con Michelle Bachelet, en cuyo gobierno comenzó a ocupar varias responsabilidades públicas, llegando luego a ser alcaldesa de Santiago. Desde el año 2022, ocupa la cartera de seguridad, y es precandidata a la presidencia para las próximas elecciones, lo que explica el interés opositor por aprovechar la actual ola delictiva para defenestrarla.
Redobló la apuesta Evelyn Matthei, alcaldesa de la comuna Providencia (una de las de mayor tasa de plusvalía inmobiliaria de Santiago), también precandidata presidencial por la conservadora “Unión Demócrata Independiente” (). En entrevista con el periódico “La Tercera”, Matthei efectuó duras críticas a Boric, a quien acusó de “no hacer nada cuando ya se sabía que había diez muertos. Subiéndose al avión, se lavó las manos y le pidió a la ministra del interior, a una mujer, que llamara a una reunión de seguridad”. Nótese el lapsus de Matthei, que observa que sea “una mujer” la encargada de la seguridad, lo que es paradójico e incoherente con su propia postulación presidencial.
La presión sobre Boric se siente también al interior de la coalición gobernante de centroizquierda. Crecen las voces oficialistas que piden aplicar rigurosos planes de seguridad que incluyan despliegue de militares. Es el caso del alcalde de la comuna popular de Maipú, que queda al oeste de Santiago, Tomás Vodanovic, uno de los principales referentes del Frente Amplio (el partido del presidente) que, alarmado por la actividad delincuencial en su municipio, exige desde hace tres meses por movilizar al ejército en zonas urbanas.
Esto ha generado un debate con las tendencias progresistas, entre las que está el Partido Comunista. La secretaria general de esta formación, Bárbara Figueroa, muy conocida en Chile por haber sido hasta hace poco presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la histórica matriz sindical chilena, salió al paso de la derecha que sólo exige destituciones. Afirmó en declaraciones a Radio Bío Bío que “buscar culpables no es lo mismo que resolver problemas” y planteó que se debe abordar el tema de la seguridad, “pero sin abandonar los principios que son propios de la izquierda, sin ceder a la presión mediática y legislativa que exige adoptar el programa punitivo de la derecha”.
Figueroa propuso retomar el programa original de la coalición de gobierno, por el que votó la mayoría del pueblo chileno, de encarar el tema de la seguridad con participación ciudadana y con respeto a los derechos humanos, y no sólo movilizar fuerza armada aplicando estados de excepción (lo que supone suspensión de garantías constitucionales), que en otros países de Sudamérica como es el caso de Ecuador no están resolviendo el problema del crimen organizado.
Boric, que al momento de la crisis estaba en viaje oficial en Paraguay, tuvo que suspender otro viaje hacia la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, retornando inmediatamente a Chile, donde ha convocado para las próximas horas al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), afirmando que no descarta la militarización.
