19/09/2024 (Ciudad de México). Con 492 votos a favor en lo general y 483 en lo particular y sin votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reconoce diversos derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma modifica el Artículo 2 de la Constitución y representa un paso significativo hacia la inclusión y protección de estas comunidades históricamente marginadas en México.
Actualmente, la Carta Magna reconoce que México es una nación pluricultural “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Con la reforma, se busca asentar que también es una nación “multiétnica” y precisa que las colectividades de los pueblos indígenas han mantenido una continuidad histórica en todo el territorio nacional.
Entre los aspectos más trascendentales de esta reforma se encuentra el reconocimiento de la jurisdicción indígena, ya que la modificación contempla que las autoridades comunitarias podrán ejercer su propio sistema jurídico de acuerdo con sus sistemas normativos dentro del marco legal vigente.
Junto a este reconocimiento, también se prevé el derecho a la asistencia jurídica, ya que el Estado tendrá la obligación de garantizar el derecho a que estas comunidades sean asistidas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas.
Otra garantía adicionada busca promover la educación en lenguas indígenas, así como la difusión y fomento de sus culturas, además del desarrollo de la medicina tradicional. Finalmente, la propuesta establece el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno.
El debate en el pleno
El debate en el pleno de la Cámara de Diputados tuvo una duración de más de cuatro horas. Durante la discusión, se presentaron 167 reservas, aunque ninguna prosperó. Los legisladores de todos los partidos expresaron su apoyo a la reforma, destacando su importancia para la justicia social y la igualdad.
Si bien el proyecto tuvo el consenso de los diputados, éste no estuvo exento de señalamientos, como el del diputado emecista Gildardo Pérez Gabino, quien cuestionó el momento en el que éste es aprobado, pues a la fecha continúan “los desplazamientos de los indígenas tzotziles, tojolabales, mames, zoques en Chiapas” o “también de los mixtecos y tlapanecos en el estado de Guerrero, que producto del narcotráfico y la delincuencia organizada han tenido que ceder parte de sus zonas mineras”.
Entre las reservas que los partidos de oposición intentaron llevar a discusión se puso en relieve el aseguramiento de los recursos para la implementación efectiva de las nuevas disposiciones. En este sentido, el diputado panista Asael Hernández Cerón criticó que con la reforma se elimina la posibilidad de que haya financiamiento público-privado para construcción de vivienda y servicios básicos en comunidades indígenas, además de que elimina los estímulos fiscales para las empresas que brindan capacitación a mujeres indígenas.
Por su parte, la diputada morenista Irma Juan Carlos recordó que pese a la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en 2001 y la modificación al Artículo 2 constitucional, “no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos, en particular, por que fue negado el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto de derecho público”, por lo que la actual reforma representa una “gran oportunidad de transformar en forma real y verdadera nuestra existencia milenaria en el Estado Mexicano, haciendo realidad el principio afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la paz es producto de la justicia”.
