Un sentido común que subestima y relativiza las diferencias ideológicas y programáticas entre los sectores conservadores y transformadores, o lo que coloquialmente denominamos derecha e izquierda, termina haciendo mucho daño a los proyectos de transformación social. Pensar que la izquierda y la derecha son la misma cosa porque a veces sus representantes terminan pareciéndose mucho en las formas, es una manera de desideologizar a la población lo que allana el camino del retorno de los neoliberales.
Hay diferencias que se expresan en la forma como la izquierda convierte las demandas populares en políticas públicas. Es lo que se llaman políticas sociales o “programas sociales”, que izquierda transformadora asume como una inversión social que hay que consolidar y ampliar, pero para la derecha conservadora es un gasto público que se tiene que recortar.
Y también hay diferencias entre la derecha neofascista y la derecha moderada. Ambas quieren eliminar los programas sociales, pero difieren en si deben hacerlo por la vía del consentimiento o lo harán por el camino de la coerción. Para lograr el consentimiento, los derechistas moderados necesitan convencer a una parte de la población que apoye sus contrarreformas (vale decir la reversión de las reformas progresivas de derechos) porque está persuadida que le será beneficiosa. Para aplicar la coerción los ultraderechistas necesitan ir más allá, tienen que lograr que sectores importantes de la población vean como privilegios los derechos otorgados a migrantes, mujeres, indígenas, ancianos, desocupados o discapacitados, hasta el punto de generar rechazos rascistas y clasistas a esos sectores.
Para entender mejor esto veamos los casos de Uruguay e Italia.
En el país sudamericano, el gobierno liberal de derecha de Luis Lacalle puso en vigencia un ajuste al sistema previsional, que aumenta gradualmente la edad jubilatoria hasta los 65 años para hombres y mujeres, lo que ha sido calificado por los sindicatos como una retroceso histórico que anula un derecho social vigente, como era que las personas en ese país rioplatense podían jubilarse a los 60 años. Pero además, el cambio legal establece que los jubilados podrán acceder a otro trabajo sin por ello perder sus rentas; en este aspecto hubo un trabajo de propaganda gubernamental muy eficiente que logró convencer a la gente de la tercera edad, de que el gobierno le estaba dando un “derecho” (poder generar otro ingreso económico además de su renta jubilatoria), cuando en realidad estaba modificando la esencia y el sentido social de la jubilación, como un descanso que la persona a determinada edad se ganó en virtud de las décadas que estuvo trabajando y aportando.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, de ideología neofascista radical, ha eliminado de forma abrupta (ésa es una de las características de la coerción) la Renta Ciudadana, que era el subsidio que percibían individuos y familias en condiciones de pobreza de manera indefinida hasta que encuentren trabajo en tiempos de crisis económica y pandemia. Instaurado el 2019 por el gobierno progresista de Gioseppe Conte, este programa social permitió apoyar con transferencias monetarias directas a 5 millones de personas en situación precaria por la crisis económica, incluyendo a 164.000 familias extranjeras residentes en Italia. Esta ayuda social fue atacada de forma inmisericorde por Meloni, afirmando que era “un incentivo a la vagancia”, y que beneficiaba con dineros públicos a gente venida de otros países para disputar, a la baja, el trabajo a las y los italianos.
Claro que la izquierda y la derecha son diferentes y es bueno conocer y extraer las lecciones de lo sucedido en estos dos países, para evitar que suceda en otros países latinoamericanos.
