Argentina posee la segunda mayor reserva mundial de Litio, que alcanza a 19 millones de toneladas. Sus reservorios están al norte, cerca de la frontera con Bolivia, allí donde hay lagos resecados hace decenas de miles de años, de los que quedaron sólo capas con distinta profundidad de sales, en las que se aloja el litio. Argentina tiene ese tipo de salares de altura en la Puna, que abarca las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta y San Juan. Allí las gobernaciones han concesionado un total de 38 proyectos mineros relacionados con el Litio, la gran mayoría de los cuales son de exploración, pero hay 3 que están en fase de producción. El mayor emprendimiento, que es también el más avanzado, está en Jujuy, en el Salar de Olaroz, en cuya área de influencia viven pueblos originarios que poseen ancestralmente tierras, pero sin que todas fueran tituladas por las entidades agrarias argentinas.
Argentina es un Estado Federal en el que las Provincias tienen el control de los recursos naturales no renovables, como es el Litio, ejerciendo facultades limitadas el Gobierno nacional. No está demás aclarar que en este país rioplatense se denomina Provincias a lo que en México se conoce por Estados. Cada Provincia tiene una Constitución provincial en la que se establecen los regímenes minero y agrario. Hay gran cantidad de comunidades indígenas que, desde hace siglos, viven y ejercen posesión legal en sus tierras, pero no cuentan con documentos de propiedad de las mismas, por lo que están en situación vulnerable frente a Empresas Transnacionales que rápidamente obtienen documentos de concesión minera, con los que han afectado los hábitats de esas comunidades. Esto ha derivado en numerosos litigios en tribunales.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha pretendido resolver el entuerto legal efectuando una Convención Constituyente que aprobó reformas a la Constitución provincial. Una de esas reformas, la que más repudio generó, es el nuevo artículo 36 que autoriza, en zonas donde haya litio, el desalojo expedito de campesinos y comunidades originarias que no demuestren títulos de propiedad agraria, que es la situación del 90% de esas comunidades.
Esto ha obligado a que las comunidades indígenas de Jujuy, con el respaldo de sectores urbanos, entren en un ciclo de protestas regionales que dura ya tres meses, con bloqueos de carreteras, una huelga provincial, varias represiones y detenciones de dirigentes ordenadas por la gobernación y una marcha de comuneros originarios que recorrió dos mil kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires.
La sacrificada caminata logró respaldos de sindicatos y movimientos sociales de Buenos Aires, con los que luego de arribar a su destino de inmediato instalaron una vigilia frente al Palacio de Tribunales, pidiendo una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la reforma de la Constitución Provincial promovida por el gobernador Morales. En los hechos el conflicto ya es nacional y concluirá sólo cuando se reviertan los abusos.
