El ministro Arturo Zaldívar señaló que el diseño, elaboración y entrega de los libros de texto gratuitos no implica ninguna invasión de competencias del Gobierno Federal al estatal de Coahuila.
26/10/2023 (Ciudad de México). La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el gobierno de Coahuila contra la distribución de los libros de texto gratuitos.
De esta manera debería concluir este litigio admitido el 18 de agosto por el ministro Luis María Aguilar Morales, mismo que fue impugnado por el Gobierno Federal ya que las autoridades de Coahuila argumentaron que se trataba de una invasión de atribuciones. Sin embargo, el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar, aprobado por los votos de Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señala que la administración Federal actuó conforme a lo establecido en la Constitución.
El máximo tribunal declaró sin mayor discusión que la impugnación era procedente y fundada, por lo cual se revocó el acuerdo recurrido y desechó la controversia constitucional.
Pese a que la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU) se dio por enterada de la resolución advirtió que aún no entregará los ejemplares, sino hasta que sean resueltos los amparos promovidos en el mes de agosto por la Asociación de Padres de Familia y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada.
Dicha postura no sorprende. Previo al inicio de clases del periodo 2023-2024, dentro de una campaña mediática para desprestigiar el contenido de los libros de texto gratuitos, diversos estados se sumaron a la misma, casualmente encabezados por gobiernos opositores, convirtiendo el derecho universal a la educación en otra oportunidad para el golpeteo político.
La Secretaría de Educación Pública Federal, incluso, desclasificó el proceso de elaboración de los ejemplares y ofreció conferencias de prensa en las que se detalló tanto el contenido como los especialistas que participaron en su creación para disipar dudas, a pesar de que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), calificara los contenidos con un “alto nivel de calidad en términos pedagógicos, metodológicos y técnicos”.
Algunos de estos estados tuvieron que ceder a la distribución de los libros, ante las exigencias y manifestaciones por parte de padres, madres, docentes y estudiantes. Las últimas dos entidades en resolver jurídicamente fueron Chihuahua y ahora, Coahuila.
