El gobierno Federal denuncia una protección sistemática a criminales en Tamaulipas
Este martes 30 de enero de 2024, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Cámara de Diputados un proceso de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez federal de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal con sede en Reynosa, Tamaulipas. Esto debido a que las decisiones del juez habrían favorecido a miembros de la delincuencia organizada, acusa Gobernación.
Particularmente, se señala al juez por la liberación de personas que presuntamente estarían vinculadas con el secuestro de 32 migrantes en el estado de Tamaulipas ocurrido a finales de diciembre de 2023, “así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”.
Aunque el comunicado no señala el nombre de la organización criminal que vinculan con el juez, varias fuentes lo han relacionado con el Cártel del Golfo, organización oriunda de Tamaulipas. En particular, se ha señalado a José Alberto García Vilano, mejor conocido como “La Kena”, quien ha estado señalado como líder del Golfo y como participante en el secuestro de los 32 migrantes, así como de cuatro estadounidenses ocurrida en Matamoros en marzo del año pasado.
Cabe destacar que el juez ocupó el mismo cargo en el Poder Judicial Federal (PJF) de manera previa en juzgados con sede en Guerrero y Baja California, dos estados caracterizados por la fuerte presencia de las organizaciones criminales.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunció en favor del juez y solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no recurra a la herramienta del juicio político en contra de miembros del PJF, debido a que ésta “atenta contra la independencia judicial”. Apuntó, además, que el Consejo de la Judicatura Federal (PJF) podría llevar a cabo un proceso en contra del funcionario.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 110 constitucional, no existe ninguna restricción legal para llevar a cabo un juicio político en contra de jueces de distrito. Aunado a ello, aunque es requisito que el CJF inicie un proceso de suspensión en contra de los juzgadores para que éstos puedan ser acusados penalmente, la suspensión no sustituye a un procedimiento penal en el caso de que los juzgadores lleven a cabo actos ilícitos.
La organización de magistrados también señaló que, si la resolución del juez favoreció a “La Kena”, fue por una “actuación deficiente” de la Fiscalía General de la República (FGR), al no haber acreditado los “fines comerciales” de una cantidad de droga encontrada presuntamente en posesión del acusado.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su mañanera del miércoles que el gobierno Federal estaba promoviendo el juicio político debido a una “actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial…”. Particularmente, refirió implícitamente al caso de “La Kena”, a quien señaló como un “criminal famoso”. Señaló, además, que cuenta con la protección sistemática del PJF, pues siempre que era procesado se insistía en llevarlo a Reynosa o Matamoros para favorecerlo judicialmente.
Por último, dijo que, a pesar de la resolución del juez que invalidaba algunas pruebas para procesar al acusado, éste aún se encuentra preso en un “penal de alta seguridad” debido a las denuncias sistemáticas que se han realizado en su contra. De tal suerte, apuntó que “la instrucción” cuando se encuentren con este tipo de actitudes es presentar denuncias de manera legal cuando existan pruebas.
