23/08/2024 (Ciudad de México). En Venezuela, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, acompañada por la juez Fanny Vásquez y por el juez Inocencio Figueroa de la Sala Plena, informó que el Poder Judicial convalida los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
La decisión de la Magistratura se tomó luego de la investigación judicial de todo el material en físico y en formato digital que se utilizó en los comicios, entregado a la justicia en tiempo y forma por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.
La sentencia del Tribunal, que es la respuesta a un recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente Nicolás Maduro Moros, y por el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza, ratifica la legalidad del proceso electoral. Lo hace, según indica el texto en su parte dispositiva: “con base en el peritaje realizado de manera inequívoca y fundamentado en el informe de un panel de expertos, se establece que las actas de escrutinio emitidas en cada recinto electoral, mantienen plena coincidencia con las bases de datos de los centros nacionales de totalización”.
La decisión de la Corte Suprema se da en ejercicio de la independencia nacional y la soberanía de Venezuela. Canalizó, por las vías legales que permite la Constitución de ese país, la respuesta a las observaciones y denuncias – que también son mencionadas en la Sentencia- del ciberataque efectuado desde la tarde del mismo día de la elección, al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Como certifica la decisión judicial, dicho ataque “desestabilizó y retrasó el cómputo electoral, pero no llegó a paralizarlo ni alcanzó a invalidar los resguardos que tienen los procesos electorales en el país”.
Conocida la sentencia del máximo Tribunal de Justicia de Venezuela, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Luis Lacalle, fueron los primeros en expresar la línea injerencista.
Lo hicieron utilizando sus cuentas en plataformas digitales, con textos que rechazan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, no por razones jurídicas, sino acudiendo a un argumento de propaganda: calificar como dictadura fraudulenta al gobierno venezolano. En el caso de Boric, llama la atención que hoy cargue con tanta vehemencia contra Maduro, pero no dijo nada sobre la reelección anticonstitucional y los métodos denunciados como dictatoriales de Nayib Bukele, en El Salvador.
En Caracas, la derechista María Corina Machado agradeció su respaldo repitiendo dos falacias: 1) Que el máximo tribunal no es válido porque fue elegido por una Asamblea Nacional (Congreso) de mayoría chavista; con tal argumento debería desechar a la Corte Suprema de Estados Unidos, por tener una mayoría conservadora, resultado de haber sido sus componentes nominados por presidentes del Partido Republicano, y confirmados en el Senado, también con mayoría de ese partido, 2) Que hasta ahora no se mostraron las actas, cuando la sentencia de la Sala Electoral de la Corte Suprema se basa en una pericia documental de las actas de escrutinio, de las actas de totalización y de las actas de consolidación.
En las últimas horas se conoció un comunicado conjunto de los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Paraguay y Perú. Insisten con imponer a Venezuela formas supranacionales de auditorías electorales, como una forma de preparar las condiciones para un desconocimiento, no sólo del proceso electoral, sino de una nueva investidura de Nicolás Maduro, a principios del 2025.
Inmediatamente fueron respondidos por la Cancillería de Venezuela, que repudió cualquier tipo de injerencismo e intervencionismo, que pretenda negar la soberanía e independencia nacionales de Venezuela. Así también, les acusó de estar tratando de formar un nuevo “Grupo de Lima” (una asociación de facto de gobiernos de derecha que funcionó hace una década, pero luego desapareció) y de intentar reconocer a un “nuevo Juan Guaidó”. El experimento del gobierno paralelo del “presidente en funciones” Guaidó, comenzó en 2017 y sólo deterioró con las sanciones la situación económica, generando flujos migratorios hacia otros países.
