Ante la importancia de alcanzar la soberanía energética nacional, la reforma propuesta por López Obrador en el sector eléctrico busca recuperar el carácter social de la electricidad, así como blindar este recurso energético de las fluctuaciones del mercado internacional y el ánimo de lucro de las empresas privadas.
26/02/2024 (Ciudad de México). Devolver el control del Estado sobre el sistema eléctrico nacional para beneficio de toda la población y no para el lucro de empresas privadas, tal es el objetivo que pretende la iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada, junto a otras 17, por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de Febrero y que actualmente se debaten en el Congreso de México.
De acuerdo al proyecto presentado, para lograr este objetivo es necesario reformar los Artículo 25, 27 y 28 en diversos grados, todo encaminado a corregir los vacíos legales creados durante el sexenio anterior y que le permitían al sector privado incursionar en la industria eléctrica de una manera asimétrica frente a la participación del Estado, garantizando el lucro a costa de la necesidades de la población y convirtiendo a la electricidad en una mercancía y no en un derecho humano para el desarrollo.
En este sentido, la reforma advierte los riesgos que toda nación puede presentar si se depende en en exceso de fuentes energéticas externas o privadas, como recientemente aconteció en Estados Unidos, Canadá o España, donde las fluctuaciones en el precio de los energéticos y las condiciones meteorológicas generaron un desabasto y un incremento de precios sin precedentes.
Tres cambios clave
De acuerdo a lo expuesto en la “Iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas del Estado” entregada al Congreso, estos son los cambios propuestos y sus motivaciones:
ARTÍCULO 25. Actualmente la Constitución considera que el Estado debe tener organismos y empresas “productivas” que desarrollen sus actividades “con base en las mejores prácticas”; sin embargo, propone la reforma, esto desnaturaliza la función social del Estado, convirtiéndo a éste en un actor más a merced del mercado.
Por esta razón se busca cambiar el carácter de “productivas” por “públicas” y eliminar “las mejores prácticas” que en el fondo sólo tiene como objetivo el lucro y limitando al Estado su capacidad para atender a toda la población, inclusive la de zonas alejadas o marginadas.
ARTÍCULO 27. A raíz de la reforma peñanietista en el sector energético, hoy la participación de las empresas privadas tienen una prevalencia sobre las empresas públicas gracias a la falta de precisión tanto en la Constitución como en las leyes secundarias en la materia.
Por tal motivo, la reforma busca asentar en la Carta Magna que estas empresas tienen derecho a participar en esta industria, pero sin que éstas tengan prevalencia sobre las empresas públicas, mismas que constitucionalmente tendrán que “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
ARTÍCULO 28. En la misma falta de precisión se encuentran la planeación y el control, por lo que se busca incluir que estos sean “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible” con las empresas públicas que el Estado establezca.
Además, se incluye el servicio de internet como un servicio público estratégico y que pueda ser provisto por el Estado, esto para evitar que “una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información”.
Las críticas a las actuales leyes eléctricas
Con la propuesta anterior de fondo, durante la Conferencia Matutina del presidente este lunes 26 de Febrero, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, hizo eco de la exposición de motivos presentada y señaló que con las actuales leyes en el sector eléctrico, la CFE “está obligada a adquirir la electricidad a las empresas privadas, garantizando así su rentabilidad”, lo cual revela el falso esquema de “competitividad” propuesto por el modelo neoliberal.
Además, se crearon sociedades de autoabasto fraudulentas, las cuales consisten en un esquema donde grandes consumidores se asocian con empresas productoras de electricidad, evadiendo pagos e impidiendo que la CFE pueda brindar el servicio a estos potenciales clientes.
Por su parte, el Presidente López Obrador señaló que su gobierno está cumpliendo con el compromiso de no aumentar, en términos reales, el precio de la luz, gasolinas, diésel, ni los impuestos.
