25/09/2024 (Ciudad de México). En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Con los 86 votos a favor necesarios para la mayoría calificada y 42 en contra, la reforma fue avalada en lo general y en lo particular, pasando ahora a los congresos estatales para su votación.
La creación de la Guardia Nacional fue una de las principales estrategias contra la violencia e inseguridad del presidente López Obrador al asumir el cargo en 2018. Originalmente, este cuerpo fue concebido como una fuerza de seguridad pública con mando civil, por lo que la oposición ha criticado esta reforma al considerar que su transferencia a la SEDENA implica la militarización de la seguridad en México. Como respuesta, legisladores del oficialismo han denunciado la hipocresía de este argumento al señalar que cuando el expresidente Felipe Calderón utilizó al ejército durante la llamada “guerra contra el narco” no condenaron la ausencia de marco legal que sustentara esta decisión.
El debate en el pleno del Senado
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución, los cuales, en su conjunto, además de transferir a la Guardia Nacional a la SEDENA, le otorga nuevas facultades, como la labor de investigación de los delitos en coordinación con los ministerios públicos. Con estos cambios, afirman sus impulsores, la iniciativa busca dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos y amenazas del crimen organizado. Señalan que estas modificaciones son necesarias ya que han demostrado ser eficaces para la construcción de la paz, al tiempo que se respetan los derechos humanos, ambos elementos que “sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar”.
Durante la sesión, los senadores de diferentes partidos expresaron sus posturas sobre la reforma. Durante su intervención, la senadora morenista Citlalli Hernández afirmó que “la presente reforma no vulnera, no trastoca, no limita derechos fundamentales del pueblo, ya que la seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro, se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales”.
Por su parte, la senadora emecista Alejandra Barrales criticó a los legisladores oficialistas y afirmó que “este gobierno de izquierda viene a hacer realidad el más grande anhelo de la derecha, militarizar al país”, y cuestionó si la actual reforma no es “lanzar un boomerang nos puede alcanzar a todos los que estamos aquí presentes”.
Por este tipo de señalamientos, la senadora petista Geovanna Bañuelos afirmó que a diferencia de las administraciones anteriores que “usaron al ejército para atentar, reprimir, desaparecer y liquidar a los grupos civiles opositores, hoy en la Cuarta Transformación no hay represión política, tortura, no hay espionaje” y precisó los resultados de la estrategia de seguridad que muestran una disminución de los homicidios dolosos en un 18%, así como en los feminicidios “que antes ni siquiera se contaban”, resultados que “aunque no les gusten, ahí están las estadísticas”, agregó.
Finalmente, se destaca que entre los artículos transitorios se ordena que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes secundarias que regulen y establezcan los requisitos necesarios, así como los límites para enmarcar la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en las tareas de apoyo a la seguridad pública.
