15/01/2025 (Ciudad de México). La presidenta Claudia Sheinbaum ha instado al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ) a reconsiderar su decisión de suspender el proceso de selección de sus candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025. La mandataria enfatizó la importancia de continuar con este proceso para fortalecer la democracia y garantizar la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros.
La suspensión proviene de dos amparos otorgados por jueces de distrito en Michoacán y Jalisco. Pese a los múltiples señalamientos sobre la improcedencia de este tipo de amparos en materia electoral, los integrantes del CEPJ anunciaron que acatarán la medida cautelar de suspensión.
Sheinbaum ha defendido la continuidad del proceso, argumentando que la suspensión viola incluso las resoluciones del Tribunal Electoral. Desde mediados de noviembre, el máximo órgano judicial en materia electoral resolvió que los amparos para detener la elección judicial son constitucionalmente inviables. De continuar con esta suspensión, señaló la presidenta mexicana, a quienes decidieron inscribirse como aspirantes por la vía del CEPJ “se les está coartando la posibilidad de participar cuando, además, ya sabemos que los amparos no son procedentes”.
Estrategias del Poder Judicial para descarrilar la elección
La decisión de este comité para frenar el proceso “parece ser una más de las estrategias del Poder Judicial para, en su momento, solicitar la invalidez de toda la elección”, así lo advierte la ministra Lenia Batres, quien ha señalado que en el acuerdo de suspensión los integrantes del CEPJ destacaron que si los otros dos poderes de la Unión continúan con el proceso de selección, esto generaría inequidad a los candidatos. Batres precisó que este acto de suspensión es voluntario, por lo que la validez de la elección judicial “no estaría cuestionándose por la no participación del Poder Judicial”.
El señalamiento que hacen los integrantes del Comité no es el único. Quienes lo señalan argumentan que forma parte de una larga lista de intentos para de descarrilar la elección judicial. Recientemente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección judicial podrían ser acreedores a sanciones penales y administrativas al no acatar las suspensiones y amparos otorgados contra la reforma judicial. Al respecto, la propia ministra Batres consideró que este señalamiento es una “exceso verbal y un abuso de poder”, lo que ya podría configurar la comisión de un delito por “emitir actos fuera de sus facultades”.
El proceso para la elección judicial se mantiene
Por su parte, los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan con el proceso que marca la Constitución para garantizar la correcta realización de la elección judicial. Actualmente, ambos comités se encuentran en la fase de entrevistas. Una vez que se elijan a los perfiles más idóneos para cada uno de los cargos, el proceso de designación de candidaturas habrá de continuar con la insaculación, es decir, la elección al azar mediante una tómbola, esto con el propósito de evitar cualquier posibilidad de “dedazo” para que determinados perfiles lleguen a las planillas de votación.
Luego de este proceso, cada Comité deberá enviar al Senado, quien a su vez lo turnará al Instituto Nacional Electoral (INE), la lista de sus candidatos para cada uno de los 881 cargos en disputa, la mitad de los juzgadores federales. De acuerdo a lo que marca la Constitución, cada poder deberá enviar tres candidatos para los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres para magistrados del Tribunal Electoral y tres para el nuevo Tribunal de Disciplina; mientras que para cada magistratura de Circuito y juzgado de Distrito deberán enviar dos candidatos.
En este contexto, durante su conferencia matutina la presidenta Sheinbaum también exhortó al INE a emitir cuanto antes las reglas para el proceso electoral. Esto con el fin de que los actores involucrados tengan claridad sobre lo que pueden hacer y los límites establecidos, especialmente en cuanto a la realización de campañas. De acuerdo a lo previsto, ningún partido podrá promocionar a candidato alguno, sino que únicamente podrán invitar a participar en la votación.
