12/12/2024 (Ciudad de México). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de una intensa controversia jurídica y política tras mantener activos cinco de los seis fideicomisos que la reciente reforma a la Constitución mandata extinguir. De acuerdo al décimo artículo transitorio de la reforma judicial, todos los órganos del Poder Judicial de la Federación están obligados a desaparecer los fideicomisos no previstos en una ley secundaria.
No obstante, previo a ser un mandato constitucional, la disolución de estos fideicomisos ya estaba ordenada por la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de octubre de 2023, frente a la cual un grupo de legisladores interpusieron un serie de amparos, los cuales ahora son utilizados como parapeto para no realizar dicha disolución y reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación.
Los fideicomisos bajo revisión
De los fideicomisos que no encuentran sustento en alguna ley secundaria, la Suprema Corte cuenta con seis de ellos, principalmente destinados a prestaciones de lujo extra para los altos altos mandos, por lo que han sido considerados un símbolo de privilegio. De los aproximadamente 7 mil 771 millones de pesos gestionados en estos seis fideicomisos, sólo se ha logrado extinguir uno, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), que aportó 853.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Los cinco fideicomisos restantes, administrados por Nacional Financiera (NAFIN), permanecen intocables debido a suspensiones judiciales emitidas en respuesta a amparos que cuestionan la legalidad de las reformas promovidas por el Ejecutivo y el Congreso en 2023 y 2024, argumentando que su extinción afectaría negativamente a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estas suspensiones también han bloqueado las instrucciones que formalmente ha emitido la Suprema Corte para su disolución.
Los amparos como última defensa
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado su compromiso de seguir adelante con la extinción de los fideicomisos, la negativa de Nacional Financiera se da por los amparos vigentes que jueces y ministros han otorgado pese a que la Ley de Amparo y la misma Constitución prohíbe este tipo de recursos para reformas constitucionales, por lo que para poder cumplir su compromiso, los ministros y demás juzgadores habrían de sobreseer dichos amparos. Este sobreseimiento ya ha sido aplicado luego de la reforma judicial. Recientemente la Suprema Corte revocó una de estas medidas cautelares, otorgada por el ministro Laynez, al reconocer que este tipo de recursos ya no son procedentes debido a la enmienda constitucional en materia judicial donde se ordena su extinción.
Así, con la falta de celeridad para resolver el sobreseimiento de los amparos, la Suprema Corte señala que el proceso puede tardar meses debido a la cantidad de amparos en trámite, lo que ha sido visto como un último intento por retener el dinero de los fideicomisos bajo su control. En el interín, los fondos permanecen bloqueados aun cuando la Constitución ordena que estos sean regresados y están destinadados para la elección judicial de 2025.
La polémica entre los dos poderes
La reticencia de la Corte para devolver estos recursos, hoy inconstitucionales, ha sido manifiesta desde que el expresidente López Obrador promoviera su extinción para poderlos destinar a necesidades reales, como lo fue en su momento la recuperación de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Al igual que en el actual momento, en aquel tiempo la ministra presidenta Norma Piña públicamente se mostró dispuesta a reintegrar el dinero a la Tesorería para este fin, al mismo tiempo que se daba luz verde a los amparos referidos.
De acuerdo a Norma Piña, el dinero de estos recursos es necesario para garantizar el buen funcionamiento del Poder Judicial, así como su independencia. Por su parte, el Ejecutivo ha instado a este poder a sumarse a la austeridad promovida desde 2019, señalando que los fideicomisos son destinados principalmente a dotar de privilegios a los altos mandos.
Por las diferencias en el ejercicio de los recursos públicos, la relación entre el Ejecutivo y el Judicial se ha tensado. Esta confrontación aún se mantiene a tal punto que recientemente Norma Piña acusó al Ejecutivo de realizar una narrativa de desprestigio, mientras que Claudia Sheinbaum señaló que el actuar de los juzgadores debe ser transparente y estar sometido al escrutinio público.
