12/11/2024 (Ciudad de México). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desechado tres controversias constitucionales presentadas contra la reforma judicial vigente en la Constitución desde mediados de septiembre provenientes de Guanajuato y Chihuahua. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá determinó “por notoria y manifiesta improcedencia” que no había fundamentos suficientes para continuar con los procedimientos legales.
Las controversias desechadas fueron presentadas por separado por el poder judicial de los estados de Chihuahua y de Guanajuato, mientras que la tercera lo fue por el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, antes de concluir su mandato el 26 de septiembre pasado. El ministro González Alcántara Carrancá decidió sobreseer este nuevo conjunto de controversias y archivar el expediente como asunto concluido.
El sobreseimiento de estos recursos se da luego de la derrota de la Suprema Corte en su intento por invalidar parcialmente la reforma judicial mediante las impugnaciones hechas por los partidos políticos opositores, recursos que fueron recibidos a trámite por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pese a que sus promotores carecían de sustento jurídico para ello.
El Tribunal Electoral rechaza otras inconformidades
En otra línea de esta ofensiva contra la elección por voto de jueces, magistrados y ministros, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico insistieron en sus inconformidades ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De manera concreta, su inconformidad inicial buscaba frenar los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) para iniciar el proceso electoral del Poder Judicial. Tras el primer rechazo por parte del TEPJF, estas dos agrupaciones decidieron inconformarse por la primer resolución del Tribunal.
Sin embargo, por segunda ocasión el TEPJF rechazó dar trámite a estas inconformidades, argumentando que “las sentencias dictadas por la Sala Superior [del Tribunal Electoral] son definitivas e inatacables, y que no existe la posibilidad jurídica ni material para que esta autoridad jurisdiccional pueda confirmar, modificar o revocar sus propias resoluciones”.
Jueces y magistrados insisten en su ofensiva
Ante este fracaso en los altos tribunales de México, los jueces y magistrados que se oponen a la elección judicial decidieron acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para continuar con su ofensiva ante la ley constitucional vigente. Iniciada esta nueva querella hace menos de un mes, la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya ha iniciado formalmente las audiencias para revisar el caso.
La prontitud con la que este tema ha sido atendido ha sorprendido a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina declaró que “llama la atención, desde mi punto de vista, la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender, y ahora, esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”
Dentro de su argumentación ante la CIDH, jueces y magistrados aseveran que la elección popular de sus cargos atenta contra sus derechos humanos por afectar su carrera judicial, además de que permite la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia. Sin embargo, esto ha sido negado por la presidenta Sheinbaum, quien afirma que no hay ninguna violación a ningún derecho humano, además de señalar que la reforma judicial se dio mediante el proceso constitucional derivado de la voluntad popular expresado en las urnas, por lo que estas nuevas elecciones de juzgadores se realizará el próximo 1 de junio de 2025.
